Señal Calafate
El diputado por el pueblo de El Calafate, Carlos Alegría, presentó un proyecto de ley denominado “Blindaje Ambiental Provincial”, que propone modificar la Ley Provincial N.º 3123 con el objetivo de fortalecer la protección de los recursos naturales en Santa Cruz. La iniciativa también lleva la firma de la diputada por Río Turbio, Karina Nieto.
La propuesta surge en un contexto de debate nacional sobre la flexibilización o modificación de la Ley Nacional de Glaciares recientemente aprobada en el Congreso, y busca establecer herramientas legales provinciales para garantizar la preservación de los ecosistemas considerados estratégicos.
Entre los principales ejes del proyecto se encuentra la declaración de los recursos naturales como bienes ambientales estratégicos, incluyendo el suelo, el subsuelo, las aguas superficiales y subterráneas, los glaciares, el ambiente periglacial, las cuencas hídricas, humedales y áreas naturales protegidas. Estos recursos serían considerados de interés público provincial y no susceptibles de degradación.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la creación de las denominadas Zonas de Protección Ambiental Especial (ZPAE), destinadas a resguardar ecosistemas clave para la conservación de la biodiversidad, el equilibrio hídrico y la mitigación del cambio climático.
Dentro de estas zonas, el proyecto establece la prohibición absoluta de actividades extractivas que puedan generar impactos ambientales significativos, como la megaminería, la explotación hidrocarburífera no convencional o cualquier intervención que implique remoción del suelo, uso de sustancias químicas peligrosas o alteración de cursos de agua.
Sin embargo, la iniciativa contempla excepciones para obras de infraestructura energética previamente autorizadas por la Provincia, siempre que cumplan con la normativa ambiental vigente y con procesos de evaluación de impacto ambiental.
El proyecto también incorpora conceptos jurídicos que buscan reforzar la capacidad de la provincia para definir sus propias políticas ambientales. En ese sentido, establece el principio de autonomía ambiental provincial, mediante el cual ninguna norma nacional considerada regresiva en materia ambiental sería aplicable si implica una reducción en los niveles de protección vigentes.
Además, se incorpora el principio de no regresión ambiental, que prohíbe adoptar medidas o normativas que disminuyan los estándares de protección alcanzados en materia ambiental, hídrica y ecológica.
Otro aspecto relevante es la obligación de realizar evaluaciones de impacto ambiental estratégicas para cualquier actividad productiva o de infraestructura que se proyecte en áreas cercanas a los bienes protegidos. Estas evaluaciones deberán incluir estudios hidrogeológicos, climáticos y de riesgos acumulativos.
Asimismo, el proyecto establece que la autoridad de aplicación deberá delimitar de manera técnica y catastral las Zonas de Protección Ambiental Especial en un plazo máximo de 90 días desde la reglamentación de la ley.
En los fundamentos, los autores sostienen que la iniciativa busca fortalecer el marco normativo para resguardar el patrimonio natural de la provincia y orientar el desarrollo productivo bajo criterios de sustentabilidad, señalando que la protección ambiental constituye una política de Estado y una responsabilidad intergeneracional.
