Señal Calafate
El Senado de la Nación aprobó este viernes por la noche la controvertida reforma laboral, que fue impulsada por el Gobierno como parte de su agenda de modernización y cerró las sesiones extraordinarias convocadas por el presidente Javier Milei.
La iniciativa, que había recibido modificaciones en la Cámara de Diputados —como la eliminación del polémico artículo de licencias médicas—, obtuvo 42 votos positivos, 28 negativos y dos abstenciones de representantes de Santa Cruz, tras varias horas de debate en la Cámara alta.
Desde el oficialismo, la aprobación fue celebrada como un logro clave para dinamizar el mercado laboral argentino, fomentar la creación de empleo formal y modernizar un régimen que, según sus promotores, estaba desactualizado. El presidente Milei y sus aliados destacaron la sanción de la ley como un paso fundamental dentro de su proyecto de reformas estructurales.
Entre los principales cambios introducidos están ajustes en las reglas de indemnización por despido, la ampliación de posibilidades para la negociación colectiva por empresa o región por encima de los convenios sectoriales tradicionales, la habilitación de acuerdos de “banco de horas” que pueden extender la jornada hasta 12 horas, y la creación de un Fondo de Asistencia Laboral financiado con aportes empresariales.
Sin embargo, la norma no estuvo exenta de críticas. Desde sectores sindicales y de la oposición calificaron la reforma como regresiva, advirtieron que podría debilitar derechos laborales históricos y aumentar la precarización del empleo. Las críticas también señalaron la limitación del derecho de huelga en servicios esenciales y la preocupación por el impacto que algunos cambios puedan tener en las condiciones laborales de los trabajadores.
La aprobación de la reforma se produce en un contexto de intensos debates políticos y movilizaciones sociales previas, con gremios y organizaciones que cuestionaron duramente el proyecto y anunciaron medidas de protesta durante su tratamiento legislativo.
Ahora la ley pasará al proceso de promulgación para su publicación en el Boletín Oficial, y desde el Gobierno apuntan a que sus efectos se empiecen a percibir en la economía y el mercado de trabajo en el corto plazo.
