Señal Calafate
El diputado nacional santacruceño Jairo Guzmán (La Libertad Avanza) criticó la Ley 90/10 —modificatoria de la Ley 3.141— que obliga a grandes empresas de minería, hidrocarburos, pesca y construcción a contratar al menos un 90% de mano de obra local con residencia comprobada.
En diálogo con Señal Calafate, Guzmán sostuvo que la norma es “de imposible cumplimiento” y “anticonstitucional”. Según explicó, la Constitución Nacional garantiza la libre circulación y el derecho a trabajar en cualquier punto del país, por lo que “no puede haber una ley que obligue a una empresa a tomar gente de un lugar y no de otra parte del país”.
El legislador también cuestionó a quienes impulsaron la medida: “Tenemos políticos que nunca invirtieron ni trabajaron en el sector privado y sacaron una ley que se mete en la actividad privada”, afirmó.
En lugar de obligaciones, Guzmán propuso un esquema de incentivos para fomentar la contratación de trabajadores santacruceños. Planteó reducir Ingresos Brutos e impuestos municipales a las empresas que empleen una alta proporción de personal local que realmente resida en la provincia. “Una cosa es obligar, otra es incentivar. Hay que preguntarse qué necesita el sector privado para generar empleo acá”, señaló.
Además, advirtió que normas como la Ley 90/10 “desalientan la inversión privada”. Según Guzmán, empresarios con los que dialoga ven a Santa Cruz como “una provincia que va a contramano del sector privado”, por la presión de algunos gremios y del Estado provincial. “Si hay este tipo de leyes y un gobierno de extracción sindical que también presiona, muchos inversores prefieren irse a otra provincia”, sostuvo.
La Ley 90/10 reemplazó el anterior esquema 70/30 y fue presentada por el gobierno provincial como una herramienta para proteger el trabajo santacruceño y fortalecer la economía local, pero continúa generando fuertes debates políticos y económicos.
