Guido Bonelli
El Juzgado Federal de Río Gallegos declaró admisible el amparo presentado contra el artículo 30 de la Ley de Presupuesto Nacional correspondiente al año 2026, una acción judicial impulsada de manera conjunta por el diputado nacional Juan Carlos Molina y diversas instituciones educativas, sindicales y sociales de Santa Cruz.
El amparo fue interpuesto por el legislador, el decano de la Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Regional Santa Cruz del Sindicato de Docentes Privados (SaDoP), la Fundación Valdocco, y directivos y autoridades vinculadas a la educación técnica de la provincia.
La presentación solicita la declaración de nulidad e inaplicabilidad del artículo cuestionado, al considerar que habilita un desfinanciamiento ilegal de áreas estratégicas del Estado.
Luego de declararse competente, el Juzgado Federal ordenó además la solicitud de informes al Poder Ejecutivo Nacional, dando así curso a la acción judicial que busca frenar recortes presupuestarios que afectan a la educación, la ciencia, la tecnología y también al presupuesto de defensa.
Al referirse a la iniciativa, el diputado Juan Carlos Molina sostuvo que la acción judicial apunta a evitar “la pérdida de puestos de trabajo, el cierre de escuelas y el abandono de pibes y pibas a su suerte”. En ese sentido, remarcó que a largo plazo lo que está en juego es “la formación humana para la identidad productiva agrícola e industrial que ha caracterizado a nuestro país”.
Finalmente, el legislador advirtió que el artículo impugnado constituye “un claro abuso de la mayoría parlamentaria”, al dictar normas que —según expresó— se encuentran expresamente prohibidas y que terminan beneficiando a unos pocos en detrimento de la mayoría de la sociedad.
