Guido Bonelli
Ante el inminente tratamiento en el Congreso Nacional de un proyecto que propone modificar la Ley Nacional de Glaciares, distintas organizaciones socioambientales y ciudadanos lanzaron una nueva campaña de recolección de firmas para expresar el rechazo a la iniciativa oficial, a la que consideran un grave retroceso en materia de protección ambiental.
La Ley Nacional de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley 26.639), sancionada en 2010, es una norma clave para la preservación de las principales reservas estratégicas de agua dulce de la Argentina. Su aprobación fue el resultado de un amplio consenso político, científico y social, y contó con el respaldo de universidades públicas, especialistas, organizaciones ambientalistas y asambleas de distintas provincias.
Según advierten los impulsores de la campaña, el proyecto de modificación presentado por el Poder Ejecutivo (P.E. 161/25), que comenzaría a debatirse a partir del 2 de febrero de 2026, altera de manera estructural el espíritu de la ley vigente. Entre los puntos más cuestionados, señalan que la reforma eliminaría la protección automática de los glaciares y habilitaría un sistema discrecional mediante el cual una autoridad provincial podría excluir un glaciar de la protección legal, permitiendo el desarrollo de actividades extractivas.
Otro aspecto central del rechazo es la eliminación de la prohibición expresa de actividades mineras e hidrocarburíferas en el ambiente periglacial. La ley actual reconoce que glaciares y periglaciares conforman un sistema único e indispensable para la regulación hídrica. Desproteger estas áreas, sostienen, implica en los hechos permitir la degradación irreversible de los glaciares, en un contexto de crisis climática, retroceso acelerado del hielo y creciente estrés hídrico en todo el país.
Desde la campaña también se cuestiona el argumento del “federalismo” utilizado para justificar la reforma. Remarcan que las cuencas hídricas son interprovinciales y que la Nación debe garantizar su protección integral, ya que las decisiones que se tomen en una provincia impactan directamente en las demás. En ese sentido, advierten que la modificación vulneraría el artículo 41 de la Constitución Nacional y desnaturalizaría el carácter de la ley como norma de presupuestos mínimos.
Los impulsores recuerdan además que un glaciar, una vez destruido, no puede ser recuperado. Por ello, en el marco del Año Internacional de la Conservación de los Glaciares, llaman a la ciudadanía, a las organizaciones sociales, al periodismo y a los representantes legislativos a defender la Ley de Glaciares sin modificaciones y a impedir cualquier retroceso en la protección de las fuentes de agua.
La campaña ya había logrado reunir casi 9.000 firmas en diciembre de 2025, antes de que el formulario original fuera bloqueado tras una denuncia anónima. Ahora, con un nuevo enlace, la convocatoria se relanza y permanecerá abierta hasta el 1 de febrero, con el objetivo de sumar el mayor respaldo social posible.
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