Guido Bonelli
La Cámara de Apelaciones Multifueros de Resistencia (Chaco) revocó un fallo de primera instancia y rechazó de plano el recurso de amparo presentado por la Fundación Valdocco, creada por el diputado nacional y sacerdote Juan Carlos Molina (foto) con sedes en Chaco y Santa Cruz.
Con la resolución conocida este lunes 5 de enero, la provincia chaqueña no estará obligada a pagar salarios ni a continuar con subsidios estatales dirigidos a personas que, según la pesquisa oficial, no acreditaron adecuadamente su condición de docentes.
El fallo, que lleva las firmas de los magistrados Natalia Kuray, Diego Derewicki y Sebastián Cóceres, dejó sin efecto la sentencia anterior del 22 de diciembre dictada por el juez Julián Benito Flores, quien había otorgado parcialmente la medida cautelar solicitada por la Fundación.
La Cámara entendió que la documentación presentada por Valdocco era insuficiente para demostrar la existencia de un plantel docente con funciones efectivas en Chaco y que, por lo tanto, no correspondía obligar al Estado a mantener pagos y transferencias.
Según la investigación del Ministerio de Educación chaqueño, la institución educativa vinculada a la Fundación —la UEGP N.º 144— tenía incluido en su nómina a personas con residencia en Santa Cruz que no cumplían funciones reales en territorio chaqueño pero sí percibían haberes estatales, lo que generó la denuncia oficial.
Este revés judicial se suma a una situación similar sucedida en Santa Cruz en septiembre de 2025, donde también la justicia provincial revocó un fallo que había favorecido a la Fundación Valdocco y declaró improcedente otro amparo que buscaba la continuidad de subsidios estatales.
Reacción oficial
El secretario coordinador de Gabinete del Gobierno de Chaco, Livio Gutiérrez, valoró la decisión de la Cámara de Apelaciones, asegurando que el tribunal confirmó que la obligación de pagar sueldos sin respaldo legal era errónea y que la provincia actuó dentro de sus atribuciones para proteger el uso de fondos públicos.
En tanto, el Gobierno provincial había apelado anteriormente medidas cautelares que ordenaban pagos, calificándolas de arbitrarias e incongruentes con la realidad de la causa.
Qué se discutió en el proceso
El caso se centró en determinar si el Estado chaqueño debía continuar con la financiación de salarios y subsidios a docentes vinculados a una institución educativa que, según la auditoría oficial, no contaba con el cumplimiento efectivo de tareas educativas en la provincia. Las irregularidades incluyeron percepciones simultáneas de sueldos en Chaco y en Santa Cruz y omisiones en la rendición de cuentas.
La Cámara sostuvo que no quedó acreditada “de manera fehaciente” la actividad real de los docentes y que la Fundación no tenía legitimidad suficiente para sostener la pretensión de pagos y subsidios, por lo que decidió rechazar el amparo en su totalidad.
