Guido Bonelli
Las organizaciones no gubernamentales de la provincia de Santa Cruz manifestaron su profunda preocupación y rechazo ante la decisión del Gobierno nacional de cerrar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y transformarla en una Secretaría dependiente del Ministerio de Salud.
La medida fue informada públicamente el martes 30 de diciembre por el Jefe de Gabinete de Ministros y, según advierten las ONG, representa “un retroceso absoluto y gravísimo en materia de derechos” para las personas con discapacidad.
En un comunicado oficial fechado este 31 de diciembre, las organizaciones remarcaron que la ANDIS, creada en 2017 como organismo autárquico, cumple un rol central en el diseño, coordinación y ejecución de políticas públicas inclusivas, además de garantizar la transversalidad de la temática de discapacidad en todos los ministerios y entes descentralizados del Estado nacional.
“El hecho de quitarle jerarquía propia y presupuesto debilita la rectoría de la política pública en discapacidad, limita su articulación federal e intersectorial y reduce su capacidad de dar respuestas integrales en todo el país”, señalaron.
Las ONG de Santa Cruz, nucleadas en representación ante el Consejo Federal de Discapacidad (CO.FE.DIS.), advirtieron además que esta decisión implica un retorno a modelos asistencialistas y sanitarios ya superados, en contradicción con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la normativa vigente en Argentina.
Entre las principales funciones que quedarían desarticuladas mencionaron la administración del Fondo Nacional de Discapacidad (FONADIS), la capacitación de juntas evaluadoras para el Certificado Único de Discapacidad, el acceso al programa Incluir Salud, la provisión de medicamentos y elementos ortopédicos, el otorgamiento de pensiones no contributivas, y programas de inclusión laboral, deportiva y productiva.
“La desaparición o minimización de estas prestaciones afectará gravemente la calidad de vida de miles de personas”, alertaron, y agregaron que también se generará una mayor presión sobre las ONG, los centros terapéuticos, las familias y un sistema público de salud “ya desbordado”.
El documento lleva la firma de Diego de la Mata, presidente de AADI San Julián y representante provincial titular de las ONG ante el CO.FE.DIS., y de Silvina Lamas, presidenta de la Fundación TEA Santa Cruz y representante provincial suplente.
Finalmente, las organizaciones reafirmaron que las personas con discapacidad “son sujetos plenos de derechos” y exigieron el respeto irrestricto de los compromisos asumidos por el Estado argentino, reclamando la aplicación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
