La Legislatura de Santa Cruz aprobó por unanimidad la emergencia climática

La iniciativa, que ya había sido implementada de manera temporal mediante un decreto del Ejecutivo provincial, quedó formalizada hoy con la ratificación legislativa. La ley declara la situación de emergencia climática con el objetivo de habilitar medidas excepcionales y agilizar la asistencia y respuesta ante futuros fenómenos climáticos adversos. 

Unanimidad 
Con los 23 votos a favor, la sanción del proyecto de ley 695 reflejó el consenso de los distintos bloques presentes en la Cámara. La declaratoria, que ya estaba en vigencia por decreto, quedó ahora establecida en la normativa provincial, con facultades para implementar acciones coordinadas entre distintas áreas del Estado.

El texto legal incorpora la declaración de emergencia climática en toda la provincia y habilita a organismos estatales —como Servicios Públicos, Vialidad, Salud, Desarrollo Social y el Consejo Agrario Provincial— a intervenir de manera excepcional en acciones de mitigación, asistencia y reconstrucción ante eventos extremos.

El antecedente: el temporal de fines de noviembre
La aprobación se produce a pocas semanas de un fuerte temporal de viento que azotó gran parte de Santa Cruz, con ráfagas que superaron los 120 km/h y que causaron daños materiales, interrupción de servicios y el hundimiento de tres embarcaciones pesqueras artesanales en el puerto de Caleta Paula.

Ese fenómeno climático motivó la primera declaración de emergencia por decreto y llevó a las autoridades provinciales a solicitar asistencia al Gobierno nacional, así como a desplegar esfuerzos coordinados del Comité Operativo de Emergencia (COE), fuerzas de seguridad, organismos provinciales y municipales para atender las urgencias.

Qué implica la emergencia climática
La normativa que hoy se convirtió en Ley permite acelerar trámites administrativos, gestionar fondos y coordinar recursos humanos y logísticos frente a situaciones extraordinarias relacionadas con eventos climáticos extremos. También habilita instrumentos legales para enfrentar las consecuencias en la infraestructura, producción y servicios esenciales.

Desde el gobierno provincial destacaron que esta declaración no solo responde a lo ocurrido en noviembre, sino que busca fortalecer la preparación y capacidad de respuesta ante futuros fenómenos derivados de la variabilidad y el cambio climático, un desafío que afecta cada vez con mayor frecuencia a la región.