Señal Calafate
Anoche se conoció que el Gobierno Nacional que conduce el presidente Javier Milei envió al Congreso de la Nación el proyecto que modifica la actual Ley Nacional 26.639, conocida como “ley de glaciares”.
La normativa vigente fyy sancionada en el 2010, estableciendo un régimen de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial.
Básicamente la ley declara a los glaciares como bienes de dominio público y los preserva como reserva estratégica de agua dulce, regulando actividades humanas cerca de ellos como la minería la que prohíbe en zonas cercanas a los macizos de hielo.
Para favorecer emprendimientos mineros que generarían puestos laborales y ganancias económicas a los estados, por el concepto de regalías, la administración de Javier Milei envió al Congreso un proyecto para cambiar varios puntos.
Uno de los ejes es que intenta redefinir lo que se considera como “ambiente periglacial”, con clara intención de achicar el terreno en el que actual se prohíbe la explotación minera.
También otorga un mayor protagonismo a los estados provinciales haciendo que sean las Provincias quienes tengan la responsabilidad de la evaluación ambiental y la determinación de zonas protegidas.
Ya la idea de flexibilizar la minería en el lado argentino de la Cordillera de los Andes, la que sostiene los glaciares, recoge oposiciones en organizaciones ambientales que sostienen que el achique o re determinación de las zonas peri glaciares, ponen en peligro a estas reservas de agua dulce.
Si bien periodísticamente el tema se presenta con imágenes de cuerpos de hielo como los del Parque Nacional Los Glaciares las discusiones se centran en territorios en los que las Provincias tienen interés de desarrollo minero en la zona cordillerana.
Por el momento, Santa Cruz, una de las provincias mineras no tiene desarrollo minero en las altas montañas.
Hasta ahora son dos las ideas centrales que contiene el debate que ahora se traslada a las cámaras de Diputados y Senadores:
🟢 A favor (Gobierno y sectores productivos)
Argumentan que la ley vigente tiene inseguridad jurídica y bloquea inversiones productivas, por lo cual necesitan un marco más claro y federal.
🔴 En contra (ambientalistas y científicos)
Señalan que se está tratando de debilitar una norma emblemática de protección ambiental, poniendo en riesgo los recursos hídricos y el equilibrio ecológico.
