Una docente de un colegio secundario de El Calafate cuestionó que la conducción prohibiera el uso de celulares a los alumnos, como castigo general por el comportamiento de algunos de ellos. Argumentó que el uso de los celulares está permitido por Acuerdo de Convivencia con regulación de los docentes de cada materia ya que es utilizado como herramienta de estudio y que un cambio del acuerdo debe ser decidido democráticamente. La situación decantó en un apercibimiento y sumario a la docente. La profesora pide cambios y que los educadores tengan instancias de defensa. VIDEO.
Educación29/11/2025
Señal Calafate
Claudia Delgado es profesora de Lengua y Literatura en el Secundario 46 de El Calafate, donde comenzó a enfrentar a una situación personal pero que aspira a que tenga resonancia para lograr cambios en el actual sistema docente de la provincia.
La docente plantea que se debe aggiornar la reglamentación y que los educadores deben tener una vía formal de descargo y defensa ante acciones de sus superiores sin tener que llegar a un sumario administrativo.
Claudia fue notificada que se le hará un sumario administrativo porque cuestionó a los directivos del establecimiento quienes dieron una orden que va en contra del Acuerdo de Convivencia de Colegio, perjudicando a los alumnos.
Además, el sumario fue iniciado, coincidentemente, luego que la docente escribiera una carta en el periódico local Carta Abierta donde se refirió a lo que hasta ese momento era una orden de rectoría, cuestionada por alumnos y docentes.
Delgado explicó que la rectora y las dos vice rectoras ordenaron prohibir el uso de teléfonos celulares a varios cursos, como castigo por el algún comportamiento de algunos de los alumnos.
El uso de los aparatos telefónicos está permitido según el Acuerdo de Convivencia, de manera regulada por los docentes de cada materia. La profesora contó que, en su materia, como en otras, los celulares son utilizados por chicas y chicos como un elemento de estudio dentro y fuera de aula, por ejemplo para tener accesos a textos de los que no tienen fotocopias o libros.
La profesora detalló que, a partir de principios de año, cuando cambiaron las autoridades del colegio, empezaron varias prohibiciones hacia los alumnos, como el hecho de poder ir al baño en horas de clases, que no puedan ir a buscar libros o hacer alguna colaboración con docentes, y el uso de celular le es prohibido a todo un curso cuando uno de los alumnos tiene un mal comportamiento. “Eso también dificulta lo pedagógico por que los chicos usan el celular como herramienta de estudio”, contó.
Arbitraria
Además de no compartir la medida y sus argumentos, la profesora Delgado cuestionó como arbitraria una de esas órdenes que llegó mediante un grupo de WhatsApp de docentes porque, a su entender, va en contra del Acuerdo de Convivencia el que es trabajado por todos los actores de la comunidad educativa y su modificación debe tener la misma práctica democrática.
A su opinión sobre la orden y sus formas, tanto en el grupo de WhatsApp de docentes de ese colegio, como luego una carta en un medio, le siguió un llamado de la rectora para que firmara lo que parecía ser una sanción. “No me explicaban ni me dejaban hablar. Me dijeron que me callara y que firmara”, relató la profesora sobre el momento vivido en la oficina del colegio frente a otros docentes. Fue el instante en el que la profesora advirtió que filmaría con su celular la situación ante la imposibilidad de poder argumentar, pedir explicaciones y ejercer una defensa. ¿El resultado? Días después fue notificada de un Sumario Administrativo y que ya se le había aplicado un Asiento Negativo en su legajo.
Delgado cuenta que quienes dieron la orden de contradecir el Acuerdo de Convivencia y no aceptan su cuestionamiento son las mismas directivas que impulsan las sanciones sin escuchar sus argumentos, por lo que trató de tratar el tema ante la oficina de Coordinación Regional del Consejo provincial de Educación con sede en El Calafate y a la Supervisión que tiene sede en Río Gallegos, en ambas oficinas la repuesta fue que debe dirigirse a la vía jerárquica, pero es en esa relación donde se plantea el conflicto. “En situaciones como estas los docentes quedan en inferioridad de condiciones porque no tenemos una oficina de recursos humanos o alguna otra vía donde podemos ser escuchados. Somos escuchado, pero en el proceso del sumario, y ya con un asiento negativo que es una mancha en la carrera”, cuestiona la docente.
Pedido para que cambie el sistema
Para Claudia Delgado el sistema debe ser modificado y los docentes deben contar con mecanismos que les permitan, al menos defenderse, ante un posible abuso por parte de un superior.
Delgado envió ahora telegramas laborales con asesoramiento de un abogado particular, los que todavía no fueron contestados por el Consejo Provincial de Educación.
“Solo cuestioné una orden porque va en contra del Acuerdo de Convivencia y lo hice en defensa de los derechos de los alumnos”, agregó en otro momento de laentrevista.
Mediante una entrevista con señalcalafate.com le pidió a la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, “que arbitre los medios para que los docentes podamos ser escuchados, que haya una legislación que arbitre los medios para que podamos tener un organismo de Recursos Humanos o que haya una supervisión en la localidad, y que se agilicen los sumarios poque pueden tardar años y para la docencia un sumario es un daño enorme”.
Con la voz quebrada la mujer dijo que hoy se encuentra con licencia psiquiátrica ya que en esta situación de conflicto no puede estar frente a sus alumnos.
Señal Calafate consultó a la rectora del colegio Alejandra Verón sobre el tema, pero se negó a dar algún tipo de explicación o contar su versión de los hechos.
Las instancias finales de evaluación se realizaron en el Centro de Universidades de El Calafate y marcaron el cierre de la Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad en el Trabajo, dictada por la Facultad Regional Santa Cruz de la UTN.
Terminaron la etapa del colegio secundario que les había quedado inconclusa años atrás. Son otra promoción de la EPJA 4 de El Calafate.
El caso de una docente a la que se le inició un proceso sumarial por cuestionar una polémica orden que afecta a alumnos y profesores, disparó otros planteos. Algunos de ellos se están formalizando ante el Consejo Provincial de Educación desde donde dicen que no pueden dar información porque es un tema “confidencial”.
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