Vecinos y comerciantes piden derogar la Ordenanza que prohibe nuevas habilitaciones en El Chaltén

El pasado 13 de marzo, ell Concejo Deliberante de El Caltén sancionó la Ordenanza N° 262/HCDCh/2025. 

Dicha normativa, suspendió por el término de un año el inicio de nuevos trámites de otorgamiento de habilitaciones comerciales, ampliaciones de las existentes y permisos de obra para los rubros de alojamiento y gastronomía en la villa turística de El Chatén. La misma es prorrogable por otro período de igual duración. 

En las últimas semanas, una grupo de vecinos y propietarios de establecimientos comerciales y habitacionales de El Chaltén manifestaron su descontento con los resultados de esta medida. 

"El parate generalizado que ha producido en la actividad turística y construcción esta Ordenanza es terrible" sostiene Wenseslao Benard, uno de los impusores de la junta de firmas que implementaron en la plataforma Change.org

La iniciativa solicita la derogación "inmediata" de la mencionada Ordenanza N° 262/HCDCh/2025. 

Al fundamentar el pedido sostiene que se ven vulnerados los siguientes derechos y normas:

• Derecho a la Libertad de Trabajo y Ejercicio de la Industria Lícita: La Constitución Nacional Argentina establece en su artículo 14 que "todos los habitantes de la Nación gozan de la libertad de trabajar y ejercer toda industria lícita".  
• Derecho de Propiedad: La Constitución Nacional Argentina establece en su artículo 17 que "la propiedad es inviolable". La Ordenanza N° 262/HCDCh/2025 afecta el derecho de propiedad de los titulares de los establecimientos comerciales y habitacionales, al impedirles ampliar o mejorar sus propiedades.
• Principio de Razonabilidad y Proporcionalidad: no se ha demostrado que la medida sea necesaria y adecuada para lograr el fin perseguido. La suspensión de nuevas habilitaciones y ampliaciones no se ajusta a la realidad de la comunidad y no tiene en cuenta las necesidades y derechos de los propietarios y trabajadores.
• Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor: afecta la libertad de elección y la competencia en el mercado.

Los impulsores de este pedido consideran que la Ordenanza es ilegítima porque "no se ha presentado ningún estudio o informe que justifique la necesidad de suspender nuevas habilitaciones", y "no se ha tenido en cuenta la opinión de los afectados".

Además advierten que "si no se deroga la Ordenanza en un plazo razonable, nos veremos obligados a iniciar el trámite de demanda correspondiente ante el Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz, con el fin de proteger nuestros derechos y hacer valer nuestra posición".