Guido Bonelli
En el entorno de la Fundación Valdocco, calificaron como "inedito" el hecho de que funcionario y ex-funcionarios del oficiliasmo ean citados a declarar ante la Cámara Criminal de Rio Gallegos.
Se da en el marco de la querella presentada por Cura Juan Carlos Molina, fundador y titular de la Fundación Valdocco, por calumnias e injurias contra Iris Rasgido (presidenta del Consejo Provincial de Educación), Jazmin Machiavelli (ex ministra de Desarrollo Social), Julio Buger (presidente de Vialidad Provincial), Juan Carlos Rueda (Concejal de El Calafate), Manuel Miranda (ex titular de la delegación de Trabajo El Calafate) y el reconocido abogado Gabriel Giordano, además del dirigente sindical Daniel Vidal
La cámara, compuesta por la Jueza María Alejandra Vila (Presidenta), Jorde Daniel Yance y Marcelo Bersanelli (vocales), convocó a todos ellas a una audiencia de partes para escuchar argumentos e intentar una conciliación.
La demanda presentada por Molina es por calumnias e injurias, en representación propia y de la Fundación Valdocco.
En la misma, el cura señala que las personas demandadas “difundieron de forma pública y dolosa, a través de sus redes sociales, un video con contenido “absolutamente injuriante y calumnioso“, en el que se le atribuyen “delitos gravísimos como fraude al Estado, corrupción con menores y enriquecimiento ilícito, sin sustento ni respaldo judicial alguno lo que afecta directamente a los residentes de las Comunidades terapéuticas y a toda la comunidada escolar de la Fundación en El Calafate”.
También asegura que “su difusión masiva formó parte de una estrategia deliberada para desacreditar políticamente al querellante, en el marco de un contexto de creciente hostigamiento contra organizaciones sociales y referentes cercanos a la gestión anterior”.
Además de la querella penal, Molina promueve una acción civil por daño moral. Ademas advierte sobre los actos de los querellados "podrían configurar una grave vulneración a los principios de ética, legalidad y prudencia exigidos por la Ley de Ética Pública y el Código de Conducta del Estado”.
Desde Valdocco consideran que este caso “podría marcar un precedente relevante en la provincia, donde no es frecuente ver a funcionarios en ejercicio teniendo que responder ante la Justicia por difamación pública. La audiencia convocada por la Cámara del Crimen será el primer paso de un proceso que, de no prosperar una conciliación, podría desembocar en una sentencia penal con condenas económicas y civiles para los involucrados”.
