La empresa estatal que tiene la cadena de Radio Nacional puede ser sujeta a privatización si avanza la Ley de Bases. En Santa Cruz un grupo de legisladores comenzó a pedir que sea la Provincia la que se haga cargo de las cuatro radios que funcionan en Río Turbio, El Calafate, Gobernador Gregores y Perito Moreno.
Política24/05/2024
Señal Calafate
Ante la incertidumbre de qué pasará con con los medios públicos nacionales y en particular las diferentes sucursales de Radio Nacional, un grupo de Diputados Provinciales presentó un proyecto para que sea el Gobierno de Santa Cruz el que asegure la continuidad laboral y la existencia de las radios nacionales que se funcionan en esta provincia.
Los Diputados por el Pueblo Carlos Alegría de El Calafate, Carlos Godoy de Río Turbio, Elba Ponce de 28 de Noviembre, y los distritales Agostina Mora de Río Gallegos y Karina Nieto, los cinco de Uniòn por la Patria, presentaron un proyecto que no tuvo el acuerdo del cuerpo para ser tratado sobre tablas en la sesión del jueves a la mañana, como pretendían sus impulsores.
Ahora, el proyecto pasó a las comisiones internas de la legislatura.
La iniciativa pide que "El Poder Ejecutivo Provincial evalúe la posibilidad de garantizar, balo la órbita del Gobierno de Santa Cruz, la continuidad del funcionamiento de Radio Nacional en todo el ámbito de la provincia, así como también la continuidad laboral de todo el personal que en ella se desempeña".
En Santa Cruz hay sedes de Radio Nacional en Río Turbio, El Calafate, Gobernador Gregores y Perito Moreno. Son parte de 49 emisoras que opera la empresa estata nacional Radio y Televisión Argentina S.E.
La denominada "Ley de Bases" que tiene media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación contempla que Radio y televisión S.E sea una de las empresas sujetas a privatización.
En varias provincias, legislaturas locales y provinciales comienzan a expresarse en contra de la posibilidad de la privatización de las radios estatales, principalmente por amenazar la fuente de trabajo de actuales empleados.
Esta semana, la incertidumbre de empleadas y empleados de esta cadena radial estatal aumentó a partir que la intervención de Diego Chaher dispuso que todas las radios dejen de hacer publicaciones de todo tipo en sus cuentas de redes sociales una decisión argumentada con la explicación deuna supuesta "reorganización".
La decisión del máximo órgano judicial provincial de otorgarse incrementos salariales anticipados desató un fuerte debate político e institucional. El gobierno provincial, legisladores y gremios cuestionaron el impacto económico y social de la medida, mientras que desde el ámbito judicial se invocan principios de autonomía e independencia de poderes.
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