La crisis habitacional de El Chaltén deja a los gobiernos en un panorama de intentar atender urgencias como el posible desalojo judicial de 150 personas y la necesidad de enviar mensajes a la comunidad sobre que se trabaja en todos los frentes, sin poder dar soluciones inmediatas. Detrás, la falta de tierras disponibles para familias. Acciones e informaciones dividen a vecinos.
