Madre y hermana de Fabian Gutiérrez piden que se cancele la ultima pericia por retrasos en el juicio

La madre y hermana del asesinado Fabian Gutiérrez pidieron a la justicia provincial que cancele la pericia solicitada a forenses de la Corte Suprema por la demora que esto está causando para que se realice el juicio oral, previsto inicialmente para marzo de este año.

A casi tres años del homicidio del ex secretario de Cristina Fernández de Kirchner, el juicio podría realizarse en septiembre, pero tendría una demora mayor si continúa sin definirse quién pagará el costo de la pericia.

El Tribunal Oral aceptó el pedido del médico forense Francisco Echandi, perteneciente al Poder Judicial, realizado en los últimos días de enero, a menos de dos meses que se realizara el juicio oral.

El profesional pidió pedir una ampliación de pericia a expertos de la Corte Suprema de la Nacían para tener mayores precisiones sobre cómo y en qué momento ocurrió la muerte de Gutiérrez. El tribunal encabezado por el juez Joaquín Cabral aceptó la solicitud y por el tiempo que demanda el estudio suspendió sin fecha el juicio.

Las estimaciones del tribunal indican que sería en la segunda mitad de septiembre cuando se realice la audiencias de enjuiciamiento a los tres jóvenes detenidos por ese crimen: Facundo Zaeta, Facundo Gómez y Pedro Monzón.

Ayer jueves, los abogados que representan a la madre y hermana del fallecido, Teresa García y Valeria Martinovich, respectivamente, pidieron a la Cámara Oral que deje sin efecto la pericia, para no seguir demorando el juicio.

Los letrados Gabriel Giordano y Sandro Levín (foto) presentaron un "Pronto Despacho" pidiendo que se deje sin efecto esa pericia, ya que el Tribunal Superior de Justicia de santa cruz aun no se expidió sobre si cubrirá los costos económicos que demanda la medida.

Señal Calafate conoció que los abogados aclararon que aunque a su entender resulta "sobreabundante" habían aceptado que se realice esa pericia, pero que el retraso está haciendo que se vulnere los principios que indican que las víctimas deben tener derecho a "una tutela judicial efectiva, a la protección integra de su persona  familia y bienes, frente a las consecuencias del delito".

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