Señal Calafate
Una denuncia judicial puso bajo cuestionamiento un contrato celebrado entre Santa Cruz Puede S.A.U., la empresa cuyo capital pertenece íntegramente al Estado provincial, y South Horizen S.A.S., una sociedad privada constituida en marzo de este año en Río Gallegos.
La presentación fue realizada por la abogada, ex diputada nacional, Roxana Reyes y el abogado y ex Vocal de la Minoría en el Tribunal de Cuentas, Javier Stoessel ante el Juzgado de Instrucción en turno.
Los denunciantes solicitan medidas de investigación y de aseguramiento de pruebas para determinar si los hechos vinculados con la firma del contrato constituyen algún delito de acción pública y, en ese caso, establecer quiénes serían los responsables.
El escrito identifica a Gustavo Adrián Sívori, presidente del directorio de Santa Cruz Puede, como uno de los firmantes del acuerdo. Por la firma privada aparece Eugenio Fernando Grela, en su carácter de administrador titular de South Horizen S.A.S.
La denuncia menciona específicamente la posible comisión del delito previsto en el artículo 174, inciso 5, en función del artículo 173, inciso 7, del Código Penal, relacionado con la defraudación contra la administración pública y la administración fraudulenta. La calificación es planteada como una hipótesis que deberá ser evaluada por la Justicia y el Ministerio Público Fiscal, no como un delito ya acreditado.
Señal Calafate conoció que la denuncia en el juzgado provincial de instrucción N 3 a cargo del juez Dr. Gerardo Antonio Giménez
Qué es Santa Cruz Puede y quién la conduce
Santa Cruz Puede S.A.U. fue creada mediante la Ley provincial 3.877, sancionada en agosto de 2024. Su capital accionario pertenece en un 100% al Estado de Santa Cruz.
La norma le asignó un objeto amplio: desarrollar actividades vinculadas con la matriz productiva provincial, tanto por cuenta propia como en asociación con terceros. Su campo de actuación comprende distintos sectores productivos, comerciales e industriales.
La empresa comenzó a tomar protagonismo durante la gestión del gobernador Claudio Vidal como herramienta para impulsar inversiones y proyectos productivos con una estructura societaria de funcionamiento empresarial.
Su presidente es Gustavo Adrián Sívori, licenciado en Estrategia y Organización y ex coronel del Ejército Argentino, quien fue designado en el cargo en marzo de 2025.
Entre los proyectos difundidos por la empresa y el Gobierno provincial figuran iniciativas agroindustriales, comerciales y logísticas, además del desarrollo del Mercado Concentrador Patagónico.
Qué es South Horizen
La otra parte del contrato es South Horizen S.A.S., una sociedad por acciones simplificada unipersonal constituida mediante escritura del 16 de marzo de 2026. Su creación fue publicada en el Boletín Oficial de Santa Cruz el 25 de marzo de ese año.
De acuerdo con el aviso legal de constitución, su único socio es Eugenio Fernando Grela, licenciado en Estrategia y Organización, quien también fue designado administrador titular y representante legal de la sociedad. Como administrador suplente figura José Manuel Grela.
El objeto comercial declarado por South Horizen es amplio. Incluye la compra, venta, distribución, importación y exportación de alimentos para consumo humano y animal, carnes, lácteos, pescados, frutas, verduras, bebidas, productos de limpieza, artículos de perfumería, electrodomésticos y otras mercaderías habituales en supermercados.
La sociedad también está habilitada estatutariamente para prestar servicios logísticos: almacenamiento, administración de existencias, preparación de pedidos, carga y descarga, distribución, reparto y transporte de mercaderías, entre otras actividades.
El domicilio de su sede social declarado en el Boletín Oficial es la Ruta Nacional 3, kilómetro 2602,5, galpón 6, en Río Gallegos.
Qué se denuncia y qué deberá esclarecer la investigación
El eje de la presentación judicial es la celebración del contrato entre ambas sociedades. Los denunciantes consideran que los hechos merecen ser investigados para establecer si encuadran en una figura penal y quiénes podrían resultar responsables.
El escrito solicita medidas de investigación y de aseguramiento de pruebas. También deja abierta la posibilidad de que la pesquisa determine la intervención de otras personas, incluidos integrantes de los órganos de administración y fiscalización de Santa Cruz Puede o terceros.
La ex diputada nacional también indicó que la copia de la denuncia le fue presentada al Procurador General, jefe d elos fiscales, Eduardo Sosa.
