Señal Calafate
La diputada nacional por Santa Cruz, Ana María Ianni, junto a otros tres legisladores nacionales, presentó una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por presuntas irregularidades en los procesos de privatización de empresas públicas impulsados por el Gobierno nacional.
La presentación está firmada también por la diputada Florencia Carignano y los senadores Jorge Capitanich y Adán Bahl, todos integrantes de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones.
El escrito solicita que se investigue la actuación de Diego Martín Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP); Julio Roberto Villamonte, presidente del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN); y otros funcionarios que intervinieron en los procedimientos de valuación de las compañías estatales.
El principal cuestionamiento apunta a la decisión de mantener bajo reserva las tasaciones oficiales de las empresas que se encuentran en proceso de privatización, una situación que, según los denunciantes, impide al Congreso ejercer las facultades de control establecidas por la legislación vigente.
La presentación adquiere especial relevancia por el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), cuya licitación contempla la venta del 90% de su paquete accionario.
Para este jueves 8 de octubre está prevista la apertura de las ofertas económicas presentadas por los interesados. Sin embargo, los legisladores advierten que la tasación oficial de la empresa permanece bajo secreto y que ni siquiera la Comisión Bicameral encargada de controlar las privatizaciones ha podido acceder a esa información.
En el documento sostienen que, en estas condiciones, se avanzaría hacia la adjudicación sin que el Congreso pueda conocer si el precio ofrecido se corresponde con el valor real de la compañía.
La denuncia recuerda que el Gobierno estableció un procedimiento de licitación sin precio base público y que las autoridades de la ATEP informaron previamente que todas las empresas cuentan con una valuación oficial.
Para los legisladores, mantener esa información reservada impide verificar si el Estado está protegiendo adecuadamente su patrimonio.
La denuncia es consecuencia de una serie de pedidos de información realizados desde la Comisión Bicameral.
El 12 de agosto, el organismo parlamentario solicitó documentación sobre los procedimientos, criterios de valuación y avances de las privatizaciones, con un plazo de respuesta de 15 días hábiles. También convocó a Diego Chaher para que brindara explicaciones.
Según consta en la presentación, los integrantes de la Comisión recibieron más de 10.000 páginas de actuaciones apenas 48 horas antes de la audiencia, lo que dificultó su análisis.
Durante su exposición ante los legisladores, Chaher reconoció que existía una tasación de AySA, pero que no sería entregada por encontrarse alcanzada por una resolución que declaró reservados esos documentos.
Posteriormente, el 28 de septiembre, Ianni y Carignano presentaron una nueva nota ante la ATEP, intimando a su titular a entregar en un plazo de 72 horas hábiles la documentación completa, incluidos los antecedentes técnicos, las metodologías de tasación y los presupuestos oficiales de las empresas involucradas.
La respuesta llegó el 1.º de octubre, pero, según los denunciantes, no se entregó la información solicitada. Chaher sostuvo que la nota no expresaba una decisión de la mayoría de la Comisión y reiteró que las cuestiones relacionadas con las tasaciones ya habían sido explicadas durante su comparecencia.
Ante esta situación, los legisladores resolvieron acudir a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.
Otro de los puntos centrales de la denuncia es el cambio de procedimiento utilizado para establecer el valor de las empresas públicas.
Los legisladores sostienen que el Tribunal de Tasaciones de la Nación es el organismo legalmente competente para realizar esas valuaciones, pero que sus funciones fueron desplazadas hacia una unidad creada dentro del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
También cuestionan que se haya utilizado el método de flujo de fondos descontados para calcular el valor de las compañías.
Según argumentan, este mecanismo, basado en proyecciones de ingresos futuros, no sería aplicable a estos procesos en las condiciones establecidas por la normativa vigente.
La denuncia señala además que el cambio de competencia habría sido decidido sin intervención del cuerpo colegiado del Tribunal de Tasaciones.
Los firmantes consideran que estas modificaciones, sumadas al carácter reservado de las valuaciones, generan condiciones que podrían favorecer la venta de activos públicos por debajo de su valor.
Para fundamentar sus cuestionamientos, los legisladores incorporaron ejemplos de otros procesos de privatización.
Uno de ellos es Citelec, sociedad vinculada a Transener. Según la denuncia, la empresa fue tasada en 206 millones de dólares y adjudicada en 356 millones. Los firmantes interpretan esa diferencia como un indicio de que la valuación inicial habría sido considerablemente inferior al precio que finalmente pagó el comprador.
También mencionan el caso de Intercargo, cuya licitación con una base de 45 millones de dólares quedó sin ofertas. De acuerdo con la presentación, las autoridades anunciaron que volverían a licitar la compañía con un precio menor.
En cuanto a Nucleoeléctrica Argentina, los denunciantes hacen referencia a informaciones periodísticas que cuestionan la metodología utilizada para su valuación.
Estos antecedentes son presentados como elementos que justifican una investigación sobre los criterios empleados en las privatizaciones. No constituyen, por sí mismos, una comprobación de irregularidades o delitos.
La denuncia pide a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas que intervenga para obtener la documentación que, según los legisladores, les fue negada.
Entre las medidas solicitadas figura requerir a la ATEP, en un plazo de 24 horas, una copia certificada de la Resolución 1/2026, mediante la cual se dispuso mantener reservados los informes de tasación.
También reclaman que la ATEP y el BICE entreguen la valuación completa de AySA, incluidos sus anexos, supuestos técnicos, tasas de descuento, proyecciones y metodologías utilizadas.
Además, solicitan que la Comisión Evaluadora de la licitación informe si tuvo acceso a la tasación oficial y de qué manera la utilizó como referencia para analizar las ofertas.
Uno de los pedidos más importantes es que se recomiende al Ministerio de Economía no adjudicar la licitación de AySA hasta que la tasación sea puesta a disposición de la Comisión Bicameral.
Los legisladores también requieren que se dé intervención a la Auditoría General de la Nación (AGN) y a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), para que puedan ejercer sus respectivas funciones de control.
En el escrito se solicita evaluar si las actuaciones denunciadas podrían configurar delitos como abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública o negociaciones incompatibles con la función pública.
Los firmantes aclaran que estas posibles figuras deben ser investigadas y que su eventual configuración dependerá de los elementos que se obtengan durante el procedimiento.
La presentación también sostiene que ninguna norma de rango legal autoriza a mantener en secreto la tasación de una empresa pública que se encuentra en proceso de venta, y que la Comisión Bicameral tiene derecho a acceder a esa documentación para cumplir su función de control.
Con esta denuncia, Ianni y los otros tres legisladores buscan que la Procuraduría investigue los procedimientos utilizados por el Gobierno nacional y que se garantice el acceso parlamentario a las valuaciones antes de concretar nuevas adjudicaciones.
La presentación se produce en una jornada clave para la privatización de AySA, mientras continúa la controversia sobre la transparencia de los mecanismos utilizados para determinar el valor de las empresas estatales.
