agenda

Ianni intimó al titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas por las tasaciones de empresas a privatizar

La diputada santacruceña Ana María Ianni y Florencia Carignano, integrantes de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, exigieron a Diego Chaher que entregue en un plazo de 72 horas hábiles documentación sobre las valuaciones de AySA y otras empresas alcanzadas por procesos de privatización. El requerimiento incluye a YCRT y advierte que, ante un incumplimiento, podrían recurrir a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.
30/09/2026Señal CalafateSeñal Calafate

Captura de Pantalla 2026-09-30 a la(s) 19.07.44

La diputada nacional por Santa Cruz Ana María Ianni, junto a su par Florencia Carignano, avanzó con un requerimiento formal al titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), Diego Martín Chaher, para que entregue información que consideran necesaria para ejercer el control parlamentario sobre los procesos de privatización impulsados por el Gobierno nacional.

La presentación fue realizada en carácter de integrantes de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones y establece un plazo de 72 horas hábiles para que Chaher ponga a disposición documentación relacionada con las tasaciones oficiales.

El planteo tiene como punto central el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Según sostienen las legisladoras en la intimación, la Agencia se negó a proporcionar la tasación oficial de la empresa argumentando que se trata de información secreta.

Ianni y Carignano cuestionan esa interpretación y sostienen que las normas que regulan estos procedimientos obligan a garantizar principios de publicidad y transparencia y a proporcionar a la Bicameral la información necesaria para ejercer su función de seguimiento.

El planteo ocurre después de que Chaher concurriera al Congreso para informar sobre el avance de diferentes privatizaciones. La Cámara de Diputados informó oficialmente sobre esa presentación ante la Bicameral, mientras que durante aquella reunión también surgieron cuestionamientos sobre los criterios utilizados para las valuaciones.

El reclamo también alcanza a YCRT

El requerimiento no se limita a AySA. Las diputadas solicitaron información sobre las valuaciones y antecedentes de ENARSA, Intercargo, Belgrano Cargas y Logística, SOFSE –Trenes Argentinos–, Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

Este último punto le otorga una vinculación directa con Santa Cruz, ya que YCRT forma parte de los procesos bajo seguimiento de la Bicameral. En los últimos días, representantes de trabajadores de la empresa también participaron de reuniones vinculadas con la comisión y se informó sobre la existencia de propuestas de inversión cuyos detalles permanecen bajo confidencialidad. 

Ianni ocupa la vicepresidencia de la Bicameral y viene interviniendo en los pedidos de información sobre las privatizaciones. Ya en mayo había acompañado junto a Carignano un proyecto para convocar a Chaher a la Cámara de Diputados para que brindara explicaciones sobre el avance de los procesos bajo su órbita. 

Cuestionan el secreto sobre las tasaciones

En el escrito fechado el 28 de septiembre, Ianni y Carignano sostienen que mantener reservada la tasación de AySA resulta especialmente cuestionable debido al estado en el que se encuentra el procedimiento.

Según el documento, las ofertas económicas ya fueron entregadas y resultarían inmodificables, por lo que las legisladoras argumentan que mantener en secreto la valuación oficial ya no podría justificarse como una forma de evitar que esa información incidiera sobre las propuestas de los interesados.

El planteo también cuestiona la intervención del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) en las valuaciones y pide información sobre los antecedentes técnicos y las metodologías utilizadas.

Durante su reciente comparecencia ante la Bicameral, Chaher defendió los procedimientos y los criterios utilizados por el Gobierno. Ante cuestionamientos sobre las valuaciones, explicó que en actividades reguladas deben contemplarse, entre otros elementos, los flujos futuros, inversiones comprometidas y costos operativos, y no solamente el valor de los activos tangibles. 

Advierten que podrían recurrir a la PIA

La intimación establece que la información debe ser entregada de manera íntegra y sin testar dentro de las 72 horas hábiles.

En caso de incumplimiento, Ianni y Carignano anticiparon que podrían realizar una presentación ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para que se analicen eventuales infracciones administrativas y posibles responsabilidades penales.

“El patrimonio público no puede privatizarse a espaldas del Congreso”, expresó Ianni al difundir la presentación.

La legisladora santacruceña remarcó además que esta tarea dentro de la Bicameral constituye actualmente una de sus principales responsabilidades parlamentarias. Precisamente, en declaraciones realizadas este miércoles, explicó que la continuidad de ese trabajo es uno de los motivos por los que, por el momento, seguirá integrando el bloque de Unión por la Patria mientras se define su situación dentro de esa bancada.

Las más vistas
lazaro

Imputaron a Lázaro Báez por dirigir desde la cárcel una presunta red de lavado que movió casi $391 millones

Señal Calafate
Judiciales13/11/2026
La Justicia Federal formalizó las acusaciones contra 16 personas en dos investigaciones relacionadas por lavado de activos y narcotráfico. El empresario habría dado órdenes desde el penal de Ezeiza para administrar propiedades y bienes alcanzados por embargos y decomisos. Se dictaron 12 prisiones preventivas. Entre los inmuebles investigados figura una vivienda de la Costanera de El Calafate, allanada esta semana por Gendarmería Nacional.
1794699460938

Máximo órgano judicial confirmó la absolución de un padre denunciado por abuso

Señal Calafate
Judiciales15/11/2026
El Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz ratificó por unanimidad la sentencia absolutoria en una causa por presunto abuso sexual infantil que se extendió por casi una década, contra un padre de El Chaltén. Luego del juicio la madre del menor acudió en casación. El Superior  Tribunal mantuvo la decisión de inocencia dada en el juicio.