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¿Qué pasó con la droga encontrada en El Calafate?

El Ministerio de Seguridad informó que en los allanamientos de El Calafate se habían secuestrado más de un kilo de cocaína y cerca de 300 gramos de marihuana. Sin embargo, en la causa judicial quedaron registrados 525,66 gramos de cocaína y 9,67 gramos de marihuana. ¿Fue un error aún no reconocido por Gobierno o hubo una intención?
Policiales21/09/2026Señal CalafateSeñal Calafate
lazos de sangre
Uno de los allanamientos del caso

El operativo antidrogas realizado en El Calafate durante la madrugada del jueves 17 de septiembre fue presentado por el Gobierno de Santa Cruz como un importante procedimiento contra la comercialización de estupefacientes.

La investigación llevaba varios meses y derivó en allanamientos en El Calafate y en un procedimiento relacionado en Comandante Luis Piedra Buena. Hubo detenidos y se secuestraron drogas, vehículos, dinero y distintos elementos vinculados con la investigación.

El problema aparece cuando se comparan las cantidades de droga que comunicó el Ministerio de Seguridad con las que finalmente fueron incorporadas a la causa judicial.

Si bien las cantidades no marcan el éxito de una investigación judicial, porque los funcionarios judiciales actúan sobre un conjunto de pruebas, los gramos o kilos siguen teniendo peso mediático, sobre todo cuando la información es enviada desde los gobiernos.

Más de un kilo y casi 300 gramos, según Seguridad 

minsiterio de seguridad lazos
Una de las publicaciones del Ministerio de Seguridad.

El mismo día de los allanamientos, el Ministerio de Seguridad de Santa Cruz difundió que se habían secuestrado más de un kilogramo de cocaína fraccionada y cerca de 300 gramos de marihuana acondicionada para la venta.

Las cifras de las drogas no quedaron solamente en un comunicado o publicación oficial. Al día siguiente, José Barrientos, titular de la Unidad de Coordinación de Asistencia y Asesoramiento del Ministerio de Seguridad, fue entrevistado por Tiempo FM, de Río Gallegos, y confirmó expresamente que se habían secuestrado “más de 1 kg de cocaína fraccionada”.

Pero en la Justicia las cantidades fueron otras. La audiencia judicial posterior permitió conocer datos concretos que modificaron sustancialmente aquella información.

Como informó Señal Calafate, la cantidad de droga que llegó al Juzgado Federal fue de 525,66 gramos de cocaína y 9,67 gramos de marihuana.

Para los funcionarios judiciales, por ahora no hay dudas sobre el procedimiento y las cantidades secuestradas reales son las que constan en el expediente.

La diferencia no está planteada a partir de una interpretación periodística. Surge de comparar lo que comunicó oficialmente el Gobierno con las cantidades que fueron informadas como incorporadas a la causa.

Entonces, ¿dónde quedó el medio kilo? ¿Se perdió medio kilo de cocaína entre el allanamiento y el juzgado? ¿También se evaporaron casi 300 gramos de marihuana?

No hay elementos para afirmar que haya desaparecido droga durante el procedimiento.

Lo que sí está documentado es que las cifras difundidas por el Ministerio de Seguridad y posteriormente confirmadas por un funcionario no coinciden con las cantidades informadas desde la causa judicial. Entonces surgen más preguntas que debería contestar el Ministerio de Seguridad: ¿Por qué el Gobierno comunicó esas cantidades? ¿Se trató de un error en el pesaje? ¿Se mezclaron resultados de distintos procedimientos? ¿Hubo un error en la comunicación interna entre la Policía y el Ministerio? ¿Se agrandaron las cifras para intentar mejorar una imagen política?

El hermetismo

Hay otro aspecto de la secuencia que merece atención. Durante las primeras horas del operativo, cuando los medios comenzaron a consultar a autoridades policiales sobre los allanamientos, la respuesta fue de supuesta prudencia.

Los jefes policiales consultados evitaban brindar precisiones sobre las cantidades de drogas, haciendo referencia a supuestas instrucciones del ámbito judicial para no revelar esos detalles, aunque sí confirmaban imágenes, cantidad de detenidos y la existencia de drogas, entre otros puntos.

Pero a las pocas horas comenzaron a aparecer fotografías, videos y detalles del procedimiento en los canales oficiales del Gobierno provincial. Por supuesto, el infaltable video con compilaciones de imágenes y música épica, tal cual película de guerra de grandes héroes. Y entre esos datos apareció precisamente la cantidad de droga que después quedó cuestionada al compararla con el expediente judicial.

Esta secuencia plantea otro interrogante. Si durante las primeras horas se consideraba que no correspondía brindar detalles porque la investigación estaba bajo supervisión judicial, ¿qué cambió para que posteriormente el Ministerio difundiera imágenes, videos y cantidades concretas?

Cuando el Gobierno pide responsabilidad a los medios

Los gobiernos suelen pedir a los medios de comunicación responsabilidad a la hora de informar.

Se reclama verificar los datos, consultar fuentes, evitar rumores y no publicar información que pueda perjudicar una investigación y, sobre todo, manejarse con la “información oficial”.

En una idea casi de competencia con los medios para monopolizar información e imágenes para sus redes sociales, otra pregunta es: ¿qué controles tiene el Estado para evitar que información incorrecta llegue a los medios y a la sociedad presentada como información oficial?

Información oficial: ¿la verdad?

Las responsabilidades penales de los detenidos deberán determinarse en ese ámbito y no dependen de las cifras difundidas por el Gobierno.

Pero existe otra responsabilidad que no es judicial. Es la responsabilidad de informar correctamente. El Ministerio de Seguridad difundió más de un kilo de cocaína y cerca de 300 gramos de marihuana. La Justicia recibió 525,66 gramos de cocaína y 9,67 gramos de marihuana.

Si las cifras oficiales sobre un procedimiento policial pueden ser tan diferentes de las que finalmente aparecen en la Justicia, ¿qué grado de confiabilidad debemos darle a la información que el Gobierno difunde sobre otros procedimientos?

Y hay una pregunta todavía más incómoda: ¿La diferencia ocurrió solamente en este caso o también puede estar ocurriendo en otros hechos informados oficialmente y que nunca llegan a ser contrastados con un expediente judicial?

En definitiva, queda la duda: la promocionada “información oficial”, ¿es la verdad?

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