Señal Calafate
El Gobierno de Chile decidió finalmente no vender las dos islas fiscales ubicadas en el Lago Blanco, en la comuna de Timaukel, provincia de Tierra del Fuego, que habían sido incorporadas al listado de propiedades que el Estado pretendía licitar.
La decisión fue comunicada este martes por Lorena Díaz Loaiza, secretaria regional ministerial (Seremi) de Bienes Nacionales de Magallanes, quien confirmó que Isla Arturo e Isla Sin Nombre no serán enajenadas. Ambas habían sido incluidas dentro del denominado plan “Se Busca Dueño”, mediante el cual el Ministerio de Bienes Nacionales proyecta licitar propiedades fiscales en distintas regiones de Chile.
La marcha atrás se produjo luego de que la posibilidad de vender las islas generara cuestionamientos políticos y pedidos de información en el Congreso chileno. Diputados habían solicitado que se suspendiera el proceso hasta contar con antecedentes jurídicos, territoriales y de seguridad relacionados con la ubicación fronteriza de los terrenos.
¿Por qué habían sido puestas a la venta?
Las dos propiedades habían sido incorporadas a las futuras licitaciones del Ministerio de Bienes Nacionales con destino permitido para actividades turísticas.
Isla Arturo tiene una superficie aproximada de 2,71 hectáreas, mientras que Isla Sin Nombre ocupa unas 2,11 hectáreas. En conjunto representan cerca de 4,82 hectáreas ubicadas en las aguas del Lago Blanco, en el territorio chileno de Tierra del Fuego.
La incorporación de estos terrenos formaba parte de una política más amplia del Gobierno chileno para disponer de inmuebles fiscales considerados disponibles para nuevos proyectos e inversiones. El plan nacional contempla la licitación de 159 propiedades fiscales.
La propuesta contemplaba la venta y establecía el turismo como uso permitido. Sin embargo, la ubicación de las islas, en una zona cercana a la frontera con Argentina, abrió un debate diferente al que podía generar la venta de un terreno fiscal convencional.
El antecedente que había publicado Señal Calafate
Señal Calafate había informado el 5 de septiembre que el Gobierno de Chile tenía previsto vender las dos islas.
La nota explicaba que Isla Arturo e Isla Sin Nombre, ambas situadas en el Lago Blanco, habían sido incorporadas a la nómina de propiedades fiscales que serían sometidas a futuras licitaciones para proyectos turísticos.
En aquella publicación se señaló que las dos islas formaban parte de un listado nacional junto con Isla Sofía, ubicada en la Región de Los Ríos. Las tres propiedades aparecían bajo la modalidad de venta y con uso permitido para turismo.
La noticia había adquirido particular relevancia en la Patagonia por tratarse de dos pequeñas islas ubicadas en Tierra del Fuego, en un sector próximo al límite internacional con Argentina.
El reclamo que terminó modificando el escenario
La controversia llegó al Congreso chileno. Los diputados Jorge Brito Hasbún y Javiera Morales Alvarado presentaron un oficio ante el Ministerio de Bienes Nacionales para conocer los antecedentes de la operación y solicitaron que el proceso no avanzara hasta contar con informes sobre las condiciones jurídicas, territoriales y de seguridad vinculadas con la zona fronteriza.
El planteo puso el foco en una cuestión que no había quedado resuelta cuando las propiedades fueron incorporadas al listado de futuras licitaciones: si correspondía avanzar con la venta de terrenos fiscales ubicados en un área de características fronterizas sin contar previamente con todos los informes y evaluaciones correspondientes.
Finalmente, Bienes Nacionales confirmó que las dos islas serán retiradas del proceso.
De esta manera, lo que comenzó como una iniciativa del Estado chileno para poner terrenos fiscales a disposición de inversiones privadas terminó con la decisión de mantener Isla Arturo e Isla Sin Nombre dentro del patrimonio fiscal chileno.
