Señal Calafate
La Legislatura de Santa Cruz aprobó este jueves el proyecto de ley 428/24, que crea la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Cruz, una figura que busca brindar a los ciudadanos una herramienta adicional para presentar reclamos y defender sus derechos frente a actuaciones u omisiones del Estado.
El proyecto tuvo como miembro informante en el recinto al diputado Piero Boffi (foto), quien explicó los principales alcances de la nueva institución.
Durante su exposición, Boffi señaló que la Defensoría tendrá como objetivo ofrecer a la ciudadanía una vía adicional para denunciar situaciones y proteger sus derechos frente al Estado. Aclaró además que no se trata de una instancia judicial, sino de un mecanismo de control y defensa de los ciudadanos.
Según explicó el legislador, se trata de una figura independiente y el titular deberá ser abogado y cumplir con los requisitos establecidos por la norma. Su designación requerirá el voto de dos tercios de los integrantes de la Legislatura.
El mandato será de dos años, con posibilidad de una única renovación, por lo que una misma persona podrá permanecer hasta cuatro años en el cargo.
La creación de la Defensoría del Pueblo busca poner en funcionamiento una institución contemplada en la Constitución de Santa Cruz, pero que hasta ahora no contaba con una estructura operativa.
El organismo funcionará dentro del ámbito del Poder Legislativo, aunque con independencia para desarrollar sus funciones.
Boffi indicó que el proyecto fue trabajado durante casi dos años en las distintas comisiones de la Cámara y que durante ese proceso participaron y realizaron aportes representantes de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina.
Luego de la exposición del diputado Boffi, el proyecto fue puesto a consideración del cuerpo y obtuvo 15 votos afirmativos en general.
Posteriormente, los 22 artículos que componen la iniciativa fueron sometidos a votación de manera individual y también resultaron aprobados con 15 votos.
De esta manera, Santa Cruz dio un paso para poner en funcionamiento una institución destinada a intervenir ante reclamos de ciudadanos vinculados con actuaciones del Estado, como una herramienta complementaria a las vías administrativas y judiciales existentes.
Durante su exposición, Boffi también sostuvo que la implementación no busca generar una nueva estructura económica de gran impacto para el Estado, sino incorporar una herramienta orientada al control, la eficiencia y la defensa de los derechos de los habitantes de la provincia.
