Señal Calafate
A un año y siete meses de la tragedia ocurrida en el río de las Vueltas, que terminó con la muerte de tres turistas de nacionalidad india durante una excursión de rafting en El Chaltén, la causa penal ingresó en una etapa clave: el responsable de la actividad fue citado a declaración indagatoria y ejerció su derecho de defensa.
La audiencia constituye una instancia central dentro de la investigación. Luego de escuchar al imputado y con la prueba reunida durante el proceso, la Justicia deberá analizar si corresponde avanzar hacia un procesamiento, dictar otra resolución o adoptar la decisión que considere pertinente. Según fuentes vinculadas a la causa, esto podría definirse durante las próximas semanas.
Al responsable de la actividad se le atribuye haber incumplido presuntamente los deberes objetivos de cuidado que corresponden a una actividad profesional considerada de riesgo.
La investigación apunta, entre otros aspectos, a posibles deficiencias en la evaluación de los riesgos, en las medidas de prevención y seguridad y en la ejecución de la navegación que terminó con el vuelco de una de las balsas.
Tras el accidente, varios pasajeros fueron arrastrados por la corriente y tres de ellos fallecieron por inmersión.
La imputación es provisoria y no implica una declaración de culpabilidad. Será la Justicia la que deberá determinar, a partir de la totalidad de la prueba, si existió una conducta imprudente, negligente o imperita que haya tenido relación causal con las muertes.
Durante la indagatoria, el imputado decidió declarar y brindó una extensa explicación sobre la organización de la excursión, las condiciones del río, el equipamiento utilizado, las instrucciones dadas a los pasajeros y las maniobras realizadas durante la emergencia.
Según su versión, las condiciones climáticas y del río eran aptas para realizar la actividad y tanto las embarcaciones como los elementos de seguridad se encontraban habilitados.
También sostuvo que los participantes habían recibido instrucciones y realizado ejercicios previos antes de ingresar a los sectores de rápidos.
De acuerdo con su relato, el vuelco se produjo después de una maniobra en la que los pasajeros no habrían respondido correctamente a una indicación impartida por el guía.
También explicó que, una vez ocurrido el accidente, algunas personas permanecieron sujetas a la embarcación, lo que —según su versión— habría dificultado inicialmente las maniobras para volver a colocar la balsa en posición normal.
Durante la audiencia, la Fiscalía realizó numerosas preguntas vinculadas con el funcionamiento de la excursión y las condiciones en las que se desarrolló.
Entre otros puntos, se consultó sobre los protocolos de seguridad, la edad y las condiciones físicas de los pasajeros, la información que recibieron previamente acerca de los riesgos, los mecanismos de comunicación y rescate, la capacitación del personal y la decisión de concretar la excursión teniendo en cuenta las características del grupo.
Uno de los elementos que adquirió particular relevancia durante la declaración fue que el propio responsable manifestó que la decisión final respecto de la seguridad y la realización de la excursión estaba bajo su responsabilidad.
La investigación reúne una importante cantidad de elementos que deberán ser valorados por el juez.
Entre ellos se encuentran declaraciones testimoniales, documentación administrativa y empresarial, informes de organismos nacionales, provinciales y municipales, certificados de defunción, autopsias, estudios toxicológicos, registros fotográficos y documentación relacionada con la actividad y las condiciones en las que se desarrolló la excursión.
Todo ese material deberá ser confrontado con la declaración realizada ahora por el imputado.
Uno de los puntos centrales será determinar si existió una infracción concreta al deber de cuidado y si esa eventual conducta generó o incrementó un riesgo que finalmente se concretó en la muerte de los tres pasajeros.
El solo hecho de que la balsa haya volcado y se hayan producido las muertes no resulta suficiente, por sí mismo, para establecer responsabilidad penal. La Justicia deberá determinar qué ocurrió antes, durante y después del vuelco y si las decisiones adoptadas se ajustaron al estándar de seguridad exigible para una actividad profesional de estas características.
Finalizada la indagatoria, el responsable de la empresa continúa en libertad y sujeto al proceso.
Ahora, con la etapa de declaración cumplida, el juez deberá valorar su descargo junto con la totalidad de los elementos incorporados a la causa y definir su situación procesal.
La calificación jurídica que aparece de manera provisoria en la investigación es la de homicidio culposo, en relación con las tres víctimas, por posibles conductas vinculadas con imprudencia, negligencia, impericia o eventual incumplimiento de los deberes y reglamentos aplicables.
Se trata, sin embargo, de una calificación provisoria que puede modificarse a medida que avance el expediente.
La decisión judicial que se adopte en las próximas semanas marcará un nuevo capítulo en una causa que comenzó con aquella tragedia de enero de 2025 y que, más de un año y medio después, busca determinar si hubo responsabilidades penales detrás de la muerte de los tres turistas que participaban de la excursión en el río de las Vueltas.
