Señal Calafate
La escalada del conflicto policial en Santa Cruz sigue su curso. La Fiscalía de Estado presentó una denuncia penal contra quienes participan del acampe instalado frente a la Casa de Gobierno de Río Gallegos, al considerar que la protesta afecta el normal funcionamiento de las dependencias públicas y restringe la circulación de vehículos oficiales.
La presentación fue realizada por la fiscal de Estado, Natalia Linardi, ante la Justicia provincial. En el escrito se denuncian presuntos delitos de atentado contra la autoridad, violación de domicilio y coacción, en relación con la ocupación de los jardines y accesos de la sede gubernamental.
Según surge de la denuncia, los manifestantes habrían bloqueado sectores utilizados para el ingreso y egreso de vehículos oficiales, situación que, de acuerdo con el Gobierno provincial, impide el normal desarrollo de las actividades estatales. La medida se produce en el marco del conflicto salarial que mantienen efectivos activos y retirados de la Policía de Santa Cruz.
Fuentes consultadas por Señal Calafate indicaron que durante la jornada se dispuso la presencia de personal de la Escribanía General de Gobierno junto al jefe de custodia de Casa de Gobierno para intimar a los manifestantes a liberar los accesos y retirar las estructuras instaladas en el lugar.
La denuncia también solicita a la Justicia la adopción de medidas cautelares urgentes para restablecer la circulación y preservar el funcionamiento de la administración pública. Entre los pedidos figura la conservación de registros fílmicos de las cámaras de seguridad para incorporarlos a la investigación.
Uno de los aspectos más relevantes del escrito es que contempla la posibilidad de requerir la intervención de fuerzas federales en caso de que las autoridades provinciales no puedan garantizar el despeje de los accesos. El planteo apunta especialmente al bloqueo de las salidas destinadas a vehículos oficiales.
El reclamo policial se mantiene desde hace varias semanas y se ha intensificado en los últimos días con acampes, movilizaciones y medidas de fuerza en distintas localidades de la provincia. Los referentes del sector sostienen que la protesta tiene carácter exclusivamente salarial y reclaman una mejora sustancial de los ingresos de los efectivos.
Mientras tanto, la situación continúa siendo monitoreada por la Justicia, que deberá resolver sobre los planteos efectuados por la Fiscalía de Estado en las próximas horas.
