Señal Calafate
El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su agenda de desregulación y envió al Congreso un proyecto para derogar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida como Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos. La iniciativa busca eliminar el sistema de octógonos negros que advierte sobre excesos de azúcares, sodio, grasas y calorías en los productos alimenticios.
La propuesta se encuentra actualmente en etapa parlamentaria. Según trascendió en los últimos días, el Poder Ejecutivo remitió al Senado un proyecto que plantea la derogación total de la Ley 27.642, sancionada en 2021 y vigente desde 2022. Aún no comenzó su tratamiento en comisiones, por lo que la iniciativa se encuentra en una fase inicial dentro del Congreso, suficiente para que ya se emiecen a esuchar opiniones en la sociedad.
La ley vigente obliga a las empresas a incorporar sellos de advertencia en los envases de alimentos y bebidas cuando superan determinados niveles de nutrientes críticos. También establece restricciones para la publicidad dirigida a niños y regula la presencia de personajes infantiles o promociones en productos con sellos.
Los argumentos del Gobierno
Desde el oficialismo sostienen que el actual sistema genera distorsiones, encarece costos para la industria y dificulta la armonización comercial con otros países del Mercosur. Además, consideran que los octógonos pueden resultar confusos para los consumidores y afirman que buscan avanzar hacia un esquema regional unificado.
La discusión también se vincula con los trabajos técnicos que se desarrollan desde 2025 dentro del Mercosur para analizar criterios comunes de etiquetado nutricional entre los países miembros.
El rechazo de especialistas y organizaciones
La posibilidad de eliminar la norma provoca una rápida reacción de organizaciones sanitarias, entidades académicas y asociaciones de consumidores.
La Fundación Interamericana del Corazón (FIC Argentina), junto a más de 300 organizaciones, difundió un documento en el que calificó la iniciativa como un “grave retroceso” en materia de salud pública y derecho a la información. Según esas entidades, existe evidencia científica local e internacional que demuestra la efectividad del etiquetado frontal para mejorar las decisiones de compra y promover entornos alimentarios más saludables.
También se manifestaron referentes que impulsaron la norma original. La exdiputada nacional Brenda Austin, una de las voces que acompañó el debate legislativo de 2021, consideró que la derogación sería “una decisión equivocada” y defendió el etiquetado como una herramienta fundamental para garantizar información clara a los consumidores.
Una ley con amplio respaldo político
La Ley de Etiquetado Frontal fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso en octubre de 2021, luego de años de debate entre especialistas, organizaciones sociales, la industria alimenticia y distintos bloques políticos. La norma obtuvo respaldo transversal tanto en Diputados como en el Senado.
