Señal Calafate
La presidenta del Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz, Iris Rasgido, brindó precisiones sobre la decisión del gobierno provincial de dejar de abonar salarios a docentes que se encuentren con licencia gremial, una medida que generó fuerte repercusión en el ámbito educativo y sindical.
Durante una conferencia de prensa, Rasgido sostuvo que la decisión “no está en contra de la ley”, y explicó que el esquema actual implica un importante costo económico para el Estado provincial.
“Nosotros otorgamos licencias gremiales, pero lo que no se nos hace es abonar los sueldos”, afirmó la titular del CPE, al remarcar que la Ley de Asociaciones Sindicales contempla las licencias, aunque “no determina el goce de sueldo”.
Según indicó, actualmente el Consejo Provincial de Educación afronta una erogación mensual de aproximadamente 84 millones de pesos vinculada a docentes con licencia gremial y las suplencias que deben cubrir esos cargos.
“Estamos volviendo a poner un docente frente al aula y pagar doble sueldo: uno que está agremiado y otro que está frente al aula”, señaló.
Rasgido explicó además que, en algunos casos, las cadenas de suplencias generan que haya “hasta cuatro personas” involucradas en un mismo cargo.
La funcionaria también remarcó que el gobierno provincial continúa transfiriendo fondos a las organizaciones sindicales docentes a través de los aportes establecidos por ley. “Mensualmente se envían los 200 millones que corresponden a los aportes”, indicó.
En otro tramo de la conferencia, Rasgido se refirió al conflicto docente y aseguró que el gobierno mantiene instancias de diálogo con los gremios, aunque cuestionó el no acatamiento a la conciliación obligatoria y el avance de las medidas de fuerza.
Además, sostuvo que el nivel de adhesión al paro “fluctúa entre el 27% y el 30,1%”, según datos manejados por el Consejo Provincial de Educación.
Las declaraciones se dan un día después de que el gobierno provincial oficializara la decisión de dejar de pagar salarios a docentes con licencia gremial, una medida que fue rechazada por ADOSAC y otros sectores sindicales.
