Señal Calafate
En un giro inesperado en el calendario legislativo, la Cámara de Diputados de la Nación resolvió convocar a dos audiencias públicas para debatir el proyecto que modifica la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial, único instrumento legal que regula la preservación de estos ecosistemas estratégicos de cara a actividades como la minería y la explotación hidrocarburífera.
El plan de trabajo acordado por un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales establece que las audiencias se realicen el 25 y 26 de marzo, con una modalidad mixta que combina exposiciones presenciales y virtuales para garantizar carácter federal y participación amplia.
La decisión fue tomada luego de que bloques opositores, junto con organizaciones ambientalistas, reclamaran formalmente la apertura de instancias participativas antes de avanzar con la firma de dictamen. Según sus impulsores, una reforma de esta envergadura —que redefine criterios técnicos sobre las áreas protegidas y podría permitir nuevas actividades productivas en zonas periglaciares— requiere un debate más profundo y transparente, en línea con las exigencias constitucionales y los compromisos internacionales del país.
Aunque el oficialismo había anticipado la intención de dictaminar el proyecto en comisiones en la tercera semana de marzo, el cronograma fue modificado: tras las audiencias y el receso por Semana Santa, se estima que la firma de dictámenes quedaría para la primera semana de abril y el tratamiento en el recinto podría ocurrir a mediados o fines del mismo mes.
La ampliación del cronograma y la aceptación de las audiencias públicas representan una concesión de los bloques mayoritarios frente a la presión de sectores que advierten sobre los posibles impactos ambientales y sociales de la reforma, que ya obtuvo media sanción en el Senado de la Nación.
El adelanto de estas audiencias marca un hito en el camino parlamentario de la Ley de Glaciares, que concentra enorme interés en las provincias andinas —donde se ubican la mayoría de los glaciares argentinos— y en los sectores ambientalistas, que exigen que cualquier cambio normativo respete los estándares de protección y participación ciudadana.
