Santa Cruz sancionó la Ley de Emergencia Comercial, Industrial y PyME

La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz sancionó este jueves la Ley de Emergencia Comercial, Industrial y PyME, una herramienta legal pensada para dar previsibilidad y alivio al sector productivo provincial. La norma fue elaborada por el Gobierno junto a actores del sector y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

Un marco legal para mitigar la crisis productiva
La ley declara el estado de emergencia para los sectores comercial, industrial y de pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en todo el territorio provincial. Su objetivo declarado es generar un marco institucional de acompañamiento y contención para las actividades económicas que atraviesan un contexto de complejidad financiera, priorizando la continuidad operativa y la preservación del empleo.

Según la información oficial, la iniciativa fue construida a partir de un diálogo con cámaras empresariales y representantes del sector privado, así como con equipos técnicos del poder Ejecutivo provincial. La ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, destacó que la norma representa un primer paso orientado a brindar previsibilidad y sostener la actividad económica.

Alcance de las principales medidas
Aunque el texto oficial publicado no detalla todos los artículos de la norma, informes previos y coberturas periodísticas coinciden en que la emergencia habilita una serie de mecanismos dirigidos a aliviar la presión financiera sobre las empresas, entre los que se destacan:

• Medidas de ordenamiento fiscal y financiero, diseñadas para facilitar el cumplimiento de obligaciones y reducir el impacto de las deudas acumuladas.
• Suspensión de ejecuciones fiscales y embargos en curso, otorgando un respiro temporal a contribuyentes en dificultades.
• Planes de regularización de deudas con facilidades de pago, incluidos cronogramas de hasta 60 cuotas y posibles quitas de intereses y multas.
• Iniciativas para facilitar líneas de financiamiento con tasas diferenciadas, orientadas a fortalecer la liquidez de las empresas involucradas.
• Invitación a municipios y organismos nacionales a adherirse a la ley, para ampliar la coordinación de medidas.

Además, se prevé la creación de una comisión de seguimiento, conformada por representantes del Ejecutivo, la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos (ASIP), la Secretaría de Comercio e Industria, legisladores y entidades empresariales, con el objetivo de monitorear el desarrollo de la emergencia a lo largo de su vigencia.

Contexto económico y proceso de elaboración
La sanción de esta ley se da en medio de un contexto de caída de actividad en varios sectores productivos de la provincia y una demanda prolongada por parte de cámaras empresariales para contar con instrumentos legales que permitan evitar cierres de establecimientos y la pérdida de puestos de trabajo.

Desde finales de 2025 y a comienzos de 2026, distintas entidades empresariales habían venido solicitando a las autoridades provinciales y legislativas la declaración de emergencia, en respuesta a indicadores de caída de ventas y dificultades financieras que estaban afectando a comerciantes y PyMEs.