Ordenan el desalojo de un terreno de una empresa estatal

La orden de desalojo fue firmada por el juez de instrucción de El Calafate Alberto Albarracín, al tomar decisión en un expediente que se originó hace más de un año con una denuncia penal.

La causa fue iniciada bajo el número 24908 del año pasado con la denuncia que realizó Francisco Santamaría, empleado y funcionario a cargo de la oficina de la empresa estatal Servicios Públicos Sociedad del Estado, delegación El Chaltén.

Según consta en el expediente la denuncia consiste en que una familia ocupó un terreno fiscal en la localidad de El CHaltén en el que se encuentran instalaciones del servicio de agua potable, bajo tierra.

Una cañería principal y una válvula de presión están enterradas y en funcionamiento en el terreno que usurpó un matrimonio con su hijo, y sobre el cual montaron una vivienda.

Al no hacer caso a las notificaciones informales y formales, se inició una causa penal que recae sobre el padre de familia, un vecino de varios años de residencia en la localidad.

Señal Calafate conoció que ahora el juez de la causa ordenó el desalojo con auxilio de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, y con notificación a varias áreas de esa institución como también otras reparticiones como municipio y la secretaría de niñez.

El desalojo debe ser realizado pot la comisaría de El Chaltén, en cumplimiento con el oficio firmado por el juez Alberto Albarracín y el secretario Rodrigo Risatto.

En el caso tomaron intervenciones áreas especiales de la policía santacruceña ya que por las características del hecho y de la comisaría actuante debe alistarse un grupo de las Fuerzas Especiales, el que debería viajar desde Río Gallegos.

Pero antes de emplear la fuerza,  comenzó a actuar el Grupo de Negociaciones de la misma policía, el que una semana atrás tuvo actuaciones en el desalojo de una vivienda de un resonante caso de Río Gallegos.

Señal Calafate conoció que luego que la comisaría de El Chaltén notificara al vecino que debe dejar el predio al día 21 de este mes, con advertencia que se utilizará fuerza policial, negociadores policiales entablaron contacto con el imputado. Mediante videollamada se realizó el diálogo en el que se terminó confirmando que la familia dejará el lugar antes del plazo establecido y que la justicia coordinará los permisos para que luego puedan retirar sus bienes ya que el terreno debe quedar libre de toda infraestructura.

Mientras tanto, la familia sería asistida por el municipio local para tener un lugar donde vivir hasta que cuenten con una casilla que estaban tramitando de manera particular.