Señal Calafate
La decisión de otra jueza de primera instancia se suma a la novela política y jurídica que se desarrolla en Santa Cruz, por la decisión del Gobierno Provincial de designar nuevos vocales del Superior Tribuna de Justicia, pasando de 5 a 9 la cantidad de sus miembros con la idea de ganarle el poder al kichnerismo.
Primero fue el Juez Civil Marcelo Bersanelli quien ordenó que la Cámara de Diputados no tratara las ternas elevadas por el Poder Ejecutivo, ante un planteo del gremio Judiciales, hasta ahondar en el tema. Los diputados del oficialismo igual siguieron con el tratamiento en comisiones.
Luego fue la jueza penal Marcela Quintana la que ordenó que se suspendiera la sesión extraordinaria en la que se trató la designación de dos de los cuatro vocales. orden que tampoco fue esuchada por los legisladores que responden al Gobierno de Claudio Vidal.
La Sesión se hizo igual y se conformó la designación de Sergio Acevedo y José Antonio Gonzalez Nora como miembros del Superior Tribunal de Justicia. El mismo día el gobernador ordenú que asumieran en sus cargos, lo que fue posible porque el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Daniel Mariani les tomó juramento la mañana siguiente.
En la misma jornada, los otros cuatro integrantes del tribunal rechazaron lo actuado por Mariani firmando una resolución que no aepta la jura por tener origen en una sesión de Diputados sobre las que había ordenes judiciales de no realizarse y por considerar que el presidente Mariani tomó juramento sin avisar a los demás integrantes del Superior Tribunal.
Ayer miércoles, las vocales Mercau, Fernández y Ludueña firmaron otra resolución del STJ, esta vez para declarar Nulidad Absoluta las juras de los dos nuevos integrantes, por lo que entienden que Acevedo y González Nora no son vocales.
En el mismo día también se conoció la desición de la jueza civil de Río Gallegos, Cecilia López, quien ordeno suspender por 30 días la decignación de los dos nuevos vocales por 30 días, al aceptar un planteo del diputado kirchnerista Eloy Echazú.
Según conoció señalcalafate.com, se trata de una medida cautelar mientras pidió que en 48 horas las partes presentes su versión y documentación de los hechos.
El gobierno viene desconociendo las ordenes de jueces de primera instancia por considerar que están fuera de la ley 3.947 que limita esa competencia en medidas cautelares a esos magistrados, permitiendo su accionar solo en cuestiones exepcionales.
