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title: "Ajuste en prestaciones de discapacidad: su repercusión en Santa Cruz y El Calafate"
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description: "El Gobierno nacional actualizó los aranceles de las prestaciones para personas con discapacidad. Es un ajuste mensual que rige durante septiembre, se calcula sobre la inflación de agosto y mantiene un adicional del 20% para la región de la Patagonia. Sigue el reclamo por el retraso de los valores."
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date_published: "2026-09-18T11:38:00-03:00"
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tags:
  - "discapacidad"
author_name: "Señal Calafate"
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author_bio: "Medio de Comunicación Digital con base en El Calafate, provincia de Santa Cruz, Argentina."
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# Ajuste en prestaciones de discapacidad: su repercusión en Santa Cruz y El Calafate

![discapacidad ilstrativa](/download/multimedia.normal.a3ab587ce642c3a4.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

*La actualización es sobre los valores de prestaciones que reciben personas con discapacidad*

El Gobierno nacional oficializó un nuevo incremento de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad. La actualización es del 1,70% para septiembre de 2026 y fue establecida mediante la Resolución 3487/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

La medida forma parte de un mecanismo de actualización mensual vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC). En este caso, el aumento de septiembre toma como referencia la variación del IPC de agosto. El sistema había establecido este mecanismo de actualización mensual para dar mayor previsibilidad a los valores que reciben los prestadores.

No es un aumento de las pensiones por discapacidad  
Uno de los puntos importantes para entender la medida es que el 1,7% no representa un aumento directo de la pensión o del ingreso mensual que recibe una persona con discapacidad.

Lo que se actualiza son los aranceles del nomenclador nacional de prestaciones, es decir, los valores de referencia que corresponden a los servicios destinados a las personas con discapacidad dentro del sistema establecido por la Ley 24.901.

El nomenclador comprende prestaciones como rehabilitación, centros de día, centros educativos terapéuticos, hogares, formación laboral, apoyo a la integración escolar, estimulación temprana y transporte, entre otras.

Por eso, el efecto para las familias es indirecto: la actualización busca modificar los valores que reciben los profesionales, instituciones y prestadores que brindan esos servicios y, de ese modo, contribuir al sostenimiento de las prestaciones.

**¿A quiénes alcanza?**

El sistema está destinado a las personas con discapacidad que reciben prestaciones comprendidas dentro del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.

Entre los servicios contemplados se encuentran:

Centros de día.  
Centros educativos terapéuticos.  
Rehabilitación.  
Hogares y residencias.  
Formación y aprestamiento laboral.  
Escolaridad y apoyo a la integración.  
Estimulación temprana.  
Maestros de apoyo.  
Transporte.  
Servicios de alimentación vinculados a determinadas prestaciones.  
La actualización de septiembre se aplica sin diferencias porcentuales entre las distintas prestaciones: todas reciben el incremento del 1,70% sobre los valores vigentes en agosto.

**Algunos valores de septiembre**

El nuevo nomenclador establece, entre otros, los siguientes valores nacionales:

Centro de Día – Categoría A

Jornada doble: $1.120.292,68.  
Jornada simple: $595.990,93.  
Centro Educativo Terapéutico – Categoría A

Jornada doble: $1.258.436,01.  
Jornada simple: $687.261,23.  
Hogar permanente – Categoría A

$2.107.238,43.

Hogar permanente con Centro de Día – Categoría A

$3.276.799,92.

Rehabilitación

Módulo integral intensivo: $183.890,72.  
Módulo integral simple: $110.611,95.  
Internación: $5.982.158,61.  
Transporte: $915,31 por kilómetro.

Son valores correspondientes al nomenclador y no necesariamente representan el monto que una familia debe pagar de manera directa, ya que la cobertura depende del tipo de prestación, del financiador y de las condiciones particulares de cada caso.

**La particularidad de la Patagonia**

Para Santa Cruz hay un dato especialmente relevante. La resolución nacional mantiene un adicional del 20% sobre el arancel básico para las prestaciones realizadas en las provincias de la región patagónica, en concepto de zona desfavorable.

Ese adicional no es nuevo ni fue creado con el aumento de septiembre. Forma parte del esquema establecido para reconocer las condiciones particulares de la prestación de servicios de discapacidad en la Patagonia y viene siendo ratificado en las sucesivas actualizaciones del nomenclador.

Por lo tanto, en Santa Cruz el valor de referencia de una prestación no se limita al arancel básico nacional: sobre ese valor corresponde considerar el adicional patagónico del 20% cuando se cumplen las condiciones previstas por la normativa.

**¿Qué significa para Santa Cruz?**

En una provincia como Santa Cruz, donde muchas localidades tienen grandes distancias entre sí y una oferta de profesionales y establecimientos especializados más limitada que en los grandes centros urbanos, el valor de los aranceles tiene una incidencia particular sobre la posibilidad de sostener determinadas prestaciones.

El adicional del 20% busca contemplar precisamente el carácter de zona desfavorable reconocido por la legislación. La normativa nacional establece que este componente debe sumarse a los valores básicos para las prestaciones brindadas en las provincias patagónicas.

Para las familias santacruceñas, esto puede tener importancia especialmente en prestaciones que requieren traslados, atención especializada o instituciones específicas.

**El caso de El Calafate**

En El Calafate, el impacto debe analizarse teniendo en cuenta las características propias de la localidad.

La actualización no significa que las personas con discapacidad de la ciudad vayan a recibir automáticamente un 1,7% más de dinero. Su efecto se produce sobre los valores reconocidos a las prestaciones que reciben y sobre los ingresos de quienes las brindan.

Esto resulta relevante para servicios como rehabilitación, apoyo escolar, transporte, centros de atención y otras prestaciones profesionales, especialmente cuando deben sostenerse en una localidad alejada de los principales centros sanitarios y educativos de la provincia.

En esos casos, el aumento de los aranceles puede contribuir a actualizar los recursos destinados a sostener las prestaciones, aunque el aumento nominal no necesariamente implica que se hayan compensado todos los costos reales que afrontan los prestadores.

Un mecanismo que ahora se repite todos los meses  
El cambio más importante de este esquema no está solamente en el 1,7% de septiembre, sino en que la actualización pasó a realizarse mensualmente y tomando como referencia el IPC del período anterior.

En febrero de 2026 se había establecido la actualización mensual automática del nomenclador vinculada al índice de inflación. Desde entonces se fueron aplicando distintos porcentajes: 5,78% en febrero, 2,90% en marzo, 3,40% en abril, 2,60% en mayo, 2,10% en junio, 1,90% en julio, 2,10% en agosto y ahora 1,70% en septiembre.

El objetivo oficial del mecanismo es otorgar mayor previsibilidad al sistema y evitar que los valores de las prestaciones queden congelados durante períodos prolongados mientras aumentan los costos.

**La discusión que sigue abierta**

La actualización mensual constituye un cambio respecto de esquemas anteriores, pero el porcentaje de cada mes no determina por sí solo si los aranceles alcanzan para cubrir los costos reales de cada prestación.

De hecho, durante 2026 organizaciones vinculadas al sector han planteado que, aun con las actualizaciones, existe un atraso entre los aranceles reconocidos y los costos que enfrentan los prestadores. También se han registrado reclamos relacionados con el financiamiento y los pagos del sistema.

Así, para una persona con discapacidad y su familia, el dato central de septiembre es que los valores del nomenclador aumentaron 1,7%, mientras que en Santa Cruz continúa vigente el adicional patagónico del 20%.

La medida apunta principalmente a sostener el financiamiento de las prestaciones y de quienes las brindan. Su impacto concreto para cada familia dependerá de la prestación que recibe, quién la financia y las condiciones particulares de cobertura.

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